Veinte empresarios de Coristanco tramitan la legalización de sus naves

Veinte empresarios de Coristanco tramitan la legalización de sus naves

Empresarios de Coristanco tratan de legalizar sus naves

Una veintena de empresarios de Coristanco, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, han iniciado los trámites para la legalización de sus naves. El primero en hacerlo fue el propietario de la empresa Miramontes, situada en Oca, quien el 17 de agosto del pasado año obtenía el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente para poder regularizar la situación de sus instalaciones, sobre las que pesaba orden de derribo. Pero este proceso se ha ido acelerando en las últimas jornadas. Así, y a instancias de Dolores Pena Cambón, la empresa Construcciones Alejandro Martínez e Hijos solicitaba medidas urgentes de ordenación urbanística con el objetivo de regularizar la situación de las instalaciones que la firma tiene en la avenida de Fisterra, en San Roque (Traba). El expediente se tramitó a través del Ayuntamiento de Coristanco. Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer el inicio de un expediente de legalización por parte del propietario de Desguaces Rutabella, situada en Agrilloi (Agualada). El alcalde de Coristanco, Antonio Pensado Plágaro, comentó que en los últimos meses se han tramitado ante la Xunta de Galicia siete expedientes. Cabe recordar que el Concello coristanqués, es junto al de Carballo, el que más solicitudes tiene presentadas, bien a través del propio Ayuntamiento, bien a través de la Secretaría Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia. Vías de tramitación Los afectados recurren a diversas vías para legalizar sus instalaciones y adaptarlas a lo que establece la Lei de Solo de Galicia. Una consiste en que el empresario solicita al Concello una modificación puntual del planeamiento urbanístico vigente. Este ha sido el sistema empleado por la empresa cabanesa Apligasa para tratar de legalizar su construcción. Otro sistema, que ha sido el más utilizado por los empresarios, consistió en acogerse a la moratoria prevista en la propia ley para que las edificaciones anteriores al año 2003 pudiesen ser regularizadas. Fuente: La Voz de Galicia.

 

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