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La nueva figura del Registro de Promotores de vivienda en Galicia

    La  nueva figura del Registro de Promotores de vivienda en Galicia

    La Xunta de Galicia, de boca de la Conselleira de Infraestructura Ethel Vázquez, ha presentado un borrador de decreto que desarrolla la Ley de Vivenda e Suelo del año 2012.

    En él viene a unificar toda la legislación gallega en materia de vivienda protegida, suelo residencial y locales comerciales públicos (incorporando nuevas modalidades de vivienda de promoción pública, requisitos para acceder a ella…)

    Destaca, no obstante, la esperada puesta en marcha de la figura del Registro de Promotores de vivienda que viene a recoger una idea esbozada por el ejecutivo bipartito (PSOE y BNG) en el 2008 e incluida en la Ley de Vivienda y Suelo, ya con el actual gobierno, en el año 2012.

    Este decreto se encuentra en fase de exposición pública; en la que los diversos agentes sociales pueden ir presentando alegaciones, a la espera de suu definitiva aprobación en un plazo no superior a cinco meses.

    Viene a dar respuesta a un clamor social apoyada por varias sentencias judiciales al respecto de la indefensión de los particulares a la hora de adquirir una vivienda.

    Como ejemplo, recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros por el cobro de sobreprecios a 60 particulares en el Polígono vigués de San Paio de Navia.

    Pero no es ni mucho menos un caso aislado. Ante la multitud de casos de incumplimientos por parte de promotores de vivienda ya fuera en los plazos de realización de las obras o en la calidad de las mismas; se hacía imprescindible aumentar la información que disponen los particulares a la hora de contratar con esos promotores de vivienda, de los que en muchos casos no se tiene la información precisa sobre su reputación profesional o capacidad para llevar a cabo sus proyectos.

    Este proyecto de decreto, prevé obligar a los promotores de vivienda a apuntarse en un registro público, gestionado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en un plazo de dos meses desde la aprobación del citado decreto. De no hacerlo se exponen a multas que irían desde los 3.000 a los 30.000 euros.

    En esta inscripción deberán comunicar los siguientes aspectos:

    • Si tienen sanciones o condenas judiciales firmes por el ejercicio de su actividad.
    • Las obras que han llevado a cabo durante los últimos diez años.
    • Medios que aseguren la realización de sus proyectos.

    Con estas medidas se busca paliar la indefensión que en muchos casos sufren los particulares a la hora de adquirir su vivienda, otorgando un instrumento efectivo para cribar a los promotores deshonestos en el ejercicio de su profesión.

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