Aspectos a tener en cuenta antes de lanzarse a rehabilitar una vivienda

Cuando un propietario se enfrenta la reforma de un edificio se encuentra muchas veces agobiado ante los problemas técnicos o legales.

Lo primero que se debería aconsejar es el realismo, o hablando más claro: establecer prioridades.

Para ello, convendría no olvidar en este punto aspectos constructivos que con un ligero incremento de coste podría aportar un significativo incremento en una tasación del inmueble (certificado de eficiencia energética, ascensores…). Dependerá de nosotros si queremos o no renunciar a determinado aspecto (calidad de acabados…) a cambio de una revalorización de nuestra propiedad.

Conocer el estado real del edificio (problemas estructurales…), nuestras preferencias en temas tales como la distribución del espacio, opciones decorativas o mejora de instalaciones… y sobre todo la adecuación al presupuesto que manejamos hacen inevitable la contratación de un especialista (arquitecto, aparejador…) que nos guíe por este peligroso camino.

Se debería cotejar las propuestas de varios técnicos sin compromiso; asegurándose eso sí de que todos presupuestan sobre los mínimos requisitos que has establecido, con el fin de evitar sorpresas desagradables. Una vez escogido el profesional, este será el encargado de aconsejar las diferentes soluciones arquitectónicas viables y su adecuación a la normativa vigente (seguridad, edificios históricos, aislamiento acústico…).

El tema legal será uno de los más importantes. El principal sin duda es el de las licencias. Tener al día los trámites y pagos derivados de las licencias municipales de obras evita retrasos en su ejecución causados por posibles denuncias, ya sean por los ayuntamientos o por vecinos (ruidos, escombros….).

Por otro lado, conviene no olvidar las múltiples ayudas públicas a las que se puede acceder a la hora de rehabilitar un edificio.

Pueden derivar de motivaciones histórico-artísticas, de habitabilidad o de estética y su tipología dependerá de distintos factores, tales como si el solicitante es una comunidad de vecinos o un único propietario; o la forma en que se materializan: ayudas directas, préstamos cualificados por acuerdos administración-entes bancarios (con período de carencias y de amortizaciones más favorables…) o subsidios (20% del préstamo asumido por el Estado).